Mordidas en carreteras, qué raro.
Bueno, otro que tal: acepta 7 años de prisión y 1 kilo, y con propinas para la mujer y las hijas... y unos cuantos empreSauros de esos "amigos de la carretera"...
Pacta con la Fiscalía una pena de cárcel de 7 años por delitos de fraude en la contratación, cohecho, blanqueo de capitales y falsedad documental | La mujer pacta un año
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Giro de ciento ochenta grados en el 'caso Obras Públicas', el de la supuesta adjudicación irregular de obras en carreteras a cambio de mordidas. El cabecilla de la trama y exjefe de Carreteras en Cantabria, Miguel Ángel Diez, ha suscrito esta mañana un
acuerdo de conformidad con la Fiscalía por el que acepta una pena de 7 años de cárcel y una multa de 963.227 euros, como autor de hasta cuatro delitos: fraude en la contratación, cohecho, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.
Del mismo modo, otros cinco acusados también han pacto sus penas con el fiscal del caso, Jesús Alaña. Así, la mujer del funcionario, Beatriz del Río, ha aceptado un año de cárcel y una multa de 478.513 euros por un delito de blanqueo de capitales en concurso con un delito de falsedad en documento mercantil; mientras que los empresarios Elias Celis y Vidal Celis (Rucecan), Jose Luis Blanco Mazagatos (Api Movilidad) y Jose Saiz Gómez (La Encina y Cannor) han acordado una pena de dos años de cárcel por un delito de fraude en la contratación y otro delito de cohecho, además de una multa de 1.800 euros. La dos hijas del funcionario quedan como partícipes a título lucrativo dentro del procedimiento.
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En orden a la determinación de la responsabilidad civil derivada de las infracciones delictivas, el perjuicio total generado al Gobierno de Cantabria por el fraude en la contratación asciende a la cantidad de 1.623.257,14 euros (esta cantidad corresponde a las mordidas que recibió el funcionario), debiendo condenarse a los acusados al pago de dicha cantidad. Así, Diez tendrá que indemnizar con 749.648 euros; Jose Luis Blanco, con 110.500 euros; Jose Saiz Gómez, con 252.000 euros; y Vidal Celis y Elías Celis, con 255.554,57 euros cada uno.
Este acuerdo de conformidad, al que ha tenido acceso El Diario Montañés, fue suscrito esta mañana en una vista por los acusados, la Fiscalía y el Gobierno de Cantabria (acusación particular), mientras que la Asociación de Promotores y Constructores de Cantabria (acusación popular) se mostró disconforme. Ahora, la jueza instructora tendrá que dictar un auto de apertura de juicio oral con el escrito conjunto de las acusaciones y defensas y remitir la causa al magistrado-presidente del tribunal del jurado (de la Audiencia Provincial), ante el que los acusados deberán oficializar su acuerdo para que pueda dictar la correspondiente sentencia.
Este inesperado cambio de guion se produce tres años y medio después de que arrancara una investigación que reventó el 22 de febrero de 2023 con la detención de ocho personas y el registro de la Consejería de Obras Públicas y las sedes de las empresas implicadas, que están en el procedimiento como responsables civiles subsidiarias.
Hasta hace un mes, el cabecilla de la trama había defendido su inocencia y la procedencia lícita de su patrimonio, pero las pruebas que había contra él y su familia, además de una pena que podía duplicarse en caso de ir a juicio, le han llevado a pactar con el fiscal, quien señala en su escrito de acusación que Diez «se concertó a lo largo de muchos años en múltiples expedientes de contratación de obras con empresarios del sector para favorecerles en la adjudicación de los mismos a cambio de ilícitas remuneraciones como contraprestación a sus servicios irregulares».
Según apunta el fiscal, debido a las diversas funciones que tenía, el exjefe de Carreteras se dedicó a «adulterar sistemáticamente» los procedimientos de contratación del servicio de carreteras autonómicas mediante diferentes conductas. Una de ellas era «fomentar la concertación entre licitadores para eludir la competencia entre ellos, generando reparto entre lotes y compensaciones económicas entre los mismos». También «preparaba ofertas a licitadores concretos para que obtuvieran las mejores puntuaciones en los grupos de condiciones objetivas, «valoraba arbitrariamente los criterios subjetivos de las ofertas para favorecer a unos licitadores concretos sobre los demás, y «manipulaba informes sobre ofertas incursas en baja temeraria para que no fueran declaradas excluidas».
Además, Diez «informaba reservadamente» a ciertos aspirantes sobre aspectos del contrato en fechas anteriores a la publicación, para que así atinara en su oferta y «pactaba» los criterios de adjudicación de los contratos. Del mismo modo, asesoraba en la preparación de la documentación y acceso a la plataforma digital a ciertos licitadores; «propiciar la expulsión de posibles licitadores de contratos», «estudiaba posibles modificaciones de precios en ejecución para incrementar el beneficio obtenido por el contratista, y «manipulaba» la ejecución del contrato a la hora de elaborar las certificaciones de obra ejecutada o de servicios prestados causando de este modo un grave quebranto en los intereses económicos del Gobierno de Cantabria.
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