Operación con registros en varios ayuntamientos por la gestión irregular de las multas y gestión del tráfico
La Policía está llevando a cabo una nueva macrooperación contra la corrupción a la que ha bautizado con el nombre de Operación Enredadera. Efectivos de la Udef, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, están desmantelando una red que adjudicaba contratos administrativos a la empresa Aplicaciones Gespol para colocar semáforos a cambio de comisiones y estaba vinculada también a la gestión irregular de multas de tráfico.
La operación se centra básicamente en poblaciones de tres zonas: Madrid, Cataluña y León. Según explicaron fuentes próximas a la investigación, están previstas 66 detenciones durante esta mañana en la operación en la que participan 580 agentes. Los efectivos de la Udef están siendo auxiliados por unidades de las diferentes plantillas de las zonas afectadas.
Según estas fuentes, en esta trama estarían implicados empresarios, alcaldes y hasta policías locales de las poblaciones bajo sospecha. El juez ha autorizado la práctica de entradas y registros en los Ayuntamientos de Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabbrada, Huesca, Illescas, Lérida, Majadahonda, Mollet del Vallés, Oviedo, Parla, Pinto, Plasencia, Tiana, San Andrés del Rabanedo, Vélez Málaga, Villanueva de la Cañada, León, Palencia, Teruel, Torrelodones, y Villarquilambre.
Investigada la Diputación de Alicante
El juzgado ha ordenado también pedir documentación en la Diputación de Alicante y en los municipios de Mataró, Montgat, Pineda del Mar, Premià del Mar, Rubí, Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares El Real, Valdemorillo, La Cistérniga, El Puig, Gandía, Logroño, O'Grove, Sant Vicent del Raspeig y Vitoria.
Los agentes se han personado en dependencias municipales a primera hora de la mañana, han colocado unidades en los accesos y han preguntado por las salidas de emergencia, para evitar cualquier fuga. El trabajo de los policías se centra en los departamentos de informática. Entre los detenidos hay autoridades públicas y funcionarios de los municipios.
En el centro de la operación se encuentra la empresa Aplicaciones Gespol SL, una filial del grupo Sacyr, con sede en Barcelona, que fue constituida en octubre de 2016 y que está especializada en aplicaciones para controlar el tráfico rodado. Los investigadores creen que habría amañado concursos públicos con la connivencia de políticos locales del PSOE, PP y Ciudadanos. Los contratos que han solicitado los agentes en los ayuntamientos se remontan a los años 2010 y 2011.
La Policía está pidiendo a los ayuntamientos los contratos con Gespol, que tramita multas gracias a un convenio con la Comunidad de Madrid.
Los hechos investigados podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, fraude a la Administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.
El empresario José Luis Ulibarri, investigado dentro de la trama del 'caso Gürtel', se encuentra entre los detenidos.
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