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El multimillonario negocio de los ayuntamientos con las multas de las Zonas de Bajas Emisiones: las cifras, al descubierto
Aunque el Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de las ordenanzas municipales que regulan las ZBE, algunos ayuntamientos siguen cobrando multas que debían estar anuladas.
El año pasado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló las ordenanzas que regulaban las denominadas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de diversos municipios catalanes, como son Barcelona, L´Hospitalet de Llobregat, Cornellá y Esplugues.
En el caso de L´Hospitalet, y otros municipios del área metropolitana de Barcelona, desde que implantaron estas áreas de tráfico restringido, sus ayuntamientos han tenido un importante superávit en la recaudación de multas de circulación, hasta tal punto que incluso han llegado a cobrar el doble de lo que habían presupuestado, según denuncian desde Automovilistas Europeos Asociados.
Multas por acceso indebido a las zonas de bajas emisiones
Este organismo pone como ejemplo el caso de la ciudad anteriormente citada. En 2024, su ayuntamiento presupuestó una recaudación anual de 12 millones de euros y se consiguieron más de 14, en concreto 14.212.889, lo su que supone un superávit de 2.212.889 euros. Para este año 2025 el objetivo es ingresar 11.340.000, una cifra sensiblemente inferior.
También el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se pronunció en el mismo sentido respecto de la Ordenanza de Movilidad de la capital, aunque el consistorio madrileño ha recurrido ante el Tribunal Supremo, circunstancia que le permite seguir cobrando las multas "de dudosa legalidad", señalan desde AEA.
Esta estrategia ya la utilizaron anteriormente los ayuntamientos de Barcelona y el de Esplugues, "que ya han visto rechazadas sus pretensiones por el Alto Tribunal y tienen que anular y devolver cientos de miles de multas impuestas ilegalmente”, informan desde la Asociación.
Lo cierto es que las cantidades recaudadas por estas multas son muy significativas. Por ejemplo, en el caso de Madrid se interpusieron en 2.506.611 denuncias, por un valor económico de cerca de 500 millones de euros (479.658.910), desde septiembre de 2021 hasta julio de 2024.
Estas multas, si el consistorio madrileño hubiera acatado la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el pasado mes de septiembre, y no la hubiera recurrido ante el Tribunal Supremo, tendrían que haberlas anulado inmediatamente.
Por este motivo AEA recomienda a todos los conductores afectados que, a pesar de los recursos interpuestos por los ayuntamientos ante el Tribunal Supremo, recurran las sanciones por acceder a las ZBE y agoten todas las posibilidades de defensa.
Los Tribunales de Justicia se pronuncian
En este contexto, Mario Arnaldo, presidente de AEA, señala que "el problema que está surgiendo es que ahora muchos ayuntamientos españoles, bajo la bandera de la protección del medioambiente y de la seguridad vial han generado un multimillonario negocio de multas de dudosa legalidad, que no quieren devolver, e incluso las siguen cobrando ejecutivamente mediante el embargo de cuentas bancarias, a pesar de que el Tribunal Supremo ya ha confirmado su ilegalidad”.Para Arnaldo, "lo más grave del asunto no es que los ayuntamientos estén generando ingresos para las arcas municipales en base a unas multas de dudosa legalidad, sino que el órgano encargado de cobrar esas multas sigue embargando cuentas bancarias de los automovilistas incluso después de que los tribunales haya declarado nulas las ordenanzas municipales por sentencia firme".